La caja flaquea

La Secretaría de Hacienda y el entorno íntimo del Presidente vivían una gran preocupación en los primeros días del mes de noviembre de 2007. El superávit fiscal estaba desapareciendo y el gobierno nacional pasaría a tener déficit no bien dejara de contar con las transferencias de cuentas de ahorro de las AFJP. Los traspasos de aquellos que optaban por volver al sistema de reparto terminaban el 31 de diciembre. Por otro lado, los subsidios a la energía y al transporte crecían aceleradamente y sólo podían ser detenidos si se aumentaban fuertemente las tarifas de gas, electricidad y colectivos. Por los subsidios y por la ausencia de ninguna contención seria, el gasto público crecía aceleradamente y debían encontrarse nuevos recursos. No parecía posible quitarle más a los aportantes de las AFJP salvo que se quisiera acabar con el sistema definitivamente. Muchos en el gobierno lo deseaban por razones ideológicas, pero no se animaban a dar semejante paso.

Por otro lado, aumentar las tarifas de los servicios públicos podía traer reacción social y además agravaría la inflación, que ya estaba creando una seria preocupación. Bajar el gasto público tampoco parecía posible en un clima permanente de campaña política y con muchos compromisos incumplidos que en un futuro cercano habría que resolver. Una generosa moratoria había incorporado 1.200.000 nuevos jubilados sin aportes previos, que pasaron a engrosar la nómina mensual. La Corte Suprema había solicitado regularizar las jubilaciones medias y altas, muy retrasadas, y en algún momento debía hacérselo. Los gobiernos provinciales comenzaban a presentar déficit crecientes por el aumento de sus plantas de empleados y de sus gastos, sin la ventaja de participar en las retenciones. El gobierno nacional perdía el acceso a los mercados internacionales de crédito al empeorar su calificación por la debilidad fiscal y la manipulación de los índices de inflación. Esto dificultaba la renovación de los vencimientos de deuda e incrementaba la cuenta de intereses. Además estaba por delante la percepción, siempre negada, que en algún momento había que normalizar la situación con el Club de París, con los bonistas impagos y con los que habían obtenido sentencias favorables en juicios contra el estado. En definitiva la situación fiscal se proyectaba angustiosa para un presidente que se ufanaba de administrar un holgado superávit y que además hacía de la caja su principal instrumento de sometimiento político.

Esto nos hace comprender porqué se aumentaron las retenciones al agro en noviembre de 2007, llevando las de la soja desde el 27,5% al 35%. El campo era el pato de la boda. Para la visión deformada del kirchnerato, también se lo merecía. A principios de marzo de 2008 volvió la angustia por el horizonte fiscal. En los dos primeros meses la recaudación se había favorecido por el aumento de las retenciones; de todas maneras se tuvo que recurrir a dos arbitrios pícaros: se postergaron pagos y el Tesoro recibió 1.000 millones de pesos del Banco Central como un oportuno dividendo. Pero el gasto devengado siguió subiendo. La partida de subsidios había aumentado en el primer trimestre un 53% respecto del mismo periodo del año anterior. Nuevamente había que conseguir más recursos y otra vez el 11 de marzo pasado el mazazo cayó sobre el campo. El anuncio del aumento de retenciones desde el 35% al 44% fue adornado de argumentos sociales. Conocemos la historia de lo que pasó después.Los datos fiscales de abril confirmaron que la caja no está tranquila y que las perspectivas son duras. El gasto en subsidios se aceleró, superando en un 97% el del mismo mes del año anterior.

Nuevamente el Banco Central debió contribuir al Tesoro con 450 millones para evitar que el resultado del mes muestre una caída del 25% respecto de abril de 2007. De ahora en más, a pesar del aumento de las retenciones, hay que esperar un impacto negativo de la suspensión de los embarques, además de una merma en la recaudación de los otros impuestos si la economía se enfría. Por el lado del gasto, el aumento de los subsidios sólo se podrá detener si hay un aumento de las tarifas energéticas y de transporte. No vemos esta disposición en el gobierno ni tampoco la de hacer una nueva devaluación para aprovecharla con más retenciones. La inflación aterra políticamente. Tampoco parece posible aumentar otros impuestos teniendo en cuenta que la presión tributaria es hoy récord histórico. Sólo un trabajo serio y profundo de reforma del estado y de austeridad en el gasto público permitiría alcanzar la solvencia fiscal genuina, sin que tenga que depender de sobrevaluaciones cambiarias, retenciones a las exportaciones y otros impuestos distorsivos. Pero un trabajo serio requiere un gobierno serio.

Manuel A. Solanet